El proyecto “Vista Lago” de Norwich SA, liderado por un empresario argentino, habría dejado a 80 familias sin la posibilidad de transferir sus departamentos tras declararse insolvente. Los compradores denuncian estafa y enfrentan una situación de total incertidumbre.
Un ambicioso proyecto inmobiliario en la ciudad de Encarnación, se encuentra en el centro de un escándalo que afecta a al menos 80 familias que soñaban con su propia casa.
Según consignó el portal Última Hora, el proyecto fue desarrollado por la empresa Norwich SA, liderada por el empresario argentino Luis Ramón Darna, y prometía una vida de lujo y comodidad, pero se ha convertido en una auténtica pesadilla para sus compradores.
De acuerdo al mismo portal, desde 2018, Norwich SA vendió los departamentos “al pozo”, recaudando aproximadamente USD 6,5 millones. Los compradores, compuestos por emprendedores, empresarios y profesionales independientes, tanto locales como extranjeros, invirtieron entre USD 60,000 y USD 90,000 por unidad, confiando en la promesa de un hogar moderno y bien ubicado.
Sin embargo, la realidad dista mucho de las expectativas. Los departamentos nunca fueron terminados y carecen de las aprobaciones necesarias por parte de la municipalidad de Encarnación. Esto impide que se pueda realizar la “Propiedad Horizontal”, un paso esencial para la transferencia legal de las unidades a sus legítimos propietarios.
Decepción y declaraciones de insolvencia
En una reunión virtual con los compradores, Luis Ramón Darnay anunció que el proyecto no había salido como se esperaba y que la empresa se declaraba insolvente. Norwich SA, según Darnay, ya no tiene recursos para continuar y finalizar la obra, dejando a los compradores sin opciones claras y en una situación de incertidumbre total.
A pesar de la situación, varios compradores decidieron mudarse a los departamentos inconclusos, enfrentando problemas como la falta de terminaciones y amueblamiento, y viviendo sin la habilitación municipal necesaria.
El proyecto también dejó una estela de deudas impagas a proveedores de materiales y trabajadores de la obra, quienes reclaman judicialmente unos USD 200.000, una cifra que podría aumentar considerablemente en los estrados.
El escándalo generó una ola de denuncias de estafa por parte de los compradores.
