La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió al Gobierno Nacional “una urgente respuesta” respecto al pedido de fondos que enviaron para pagar el aumento salarial del 6,5% que se aseguró desde mayo. Los cuatro jueces del máximo tribunal remarcaron que la falta de respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
El documento firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti fue enviado a Agustín Rossi, jefe de Gabinete de la Nación. Esto se envió el mismo día que la Corte Suprema ordenó que Ana María Figueroa ya no sea más jueza de la Cámara de Casación Penal por cumplir 75 años, edad máxima que establece la Constitución Nacional.
Desde el oficialismo buscaban que la jueza continúe en su cargo, deseo que había expresado en el Senado para que se extienda cinco años más su permanencia. Sin embargo, el kirchnerismo no logró el quórum y la Corte sostuvo que la Constitución es contundente al respecto.
En ese sentido, la Corte Suprema pidió nuevamente que los fondos para afrontar el incremento de salarios. “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de reiterar el pedido formulado en la nota del pasado 29 de agosto mediante la cual se le solicitó las modificaciones en las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios para otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 1° de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación como parte de la política salarial del corriente año”, sostiene el oficio.
El gremio de empleados judiciales por su parte, tomó medidas y realizó este miércoles un paro de 24 horas, algo que se repetirá mañana si el dinero no es abonado.
La decisión gremial surgió “ante el retraso de la Jefatura de Gabinete que demora lo acordado entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional para el tercer tramo de recomposición salarial 2023″.
Desde la Corte indicaron que “la dilación u omisión de respuesta compromete la independencia del Poder Judicial en tanto afecta la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados (art. 110 de la Constitución Nacional) y amenaza el normal funcionamiento del servicio de justicia”. Por esta razón, reclamaron “una urgente respuesta al pedido realizado”.
