La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) vuelve a estar en el centro de la polémica tras anunciar un considerable número de despidos en sus sedes de Posadas, Ituzaingó y Buenos Aires. La noticia, que impactó el pasado viernes 19 de abril, ha encendido las alarmas debido a las posibles implicaciones políticas detrás de estas decisiones.
De los 103 empleados que recibieron sus notificaciones de despido, una parte significativa ingresó a la entidad a partir de enero de 2019, durante la gestión del presidente Alberto Fernández. Este dato ha alimentado las especulaciones sobre una presunta selectividad política en los despidos, especialmente porque se ha señalado que algunos de los afectados tenían vínculos con el espacio político de La Cámpora.
Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de los despedidos eran trabajadores “laburantes”, sin afiliaciones políticas particulares, lo que sugiere que las medidas de reducción de personal podrían estar afectando indiscriminadamente a empleados que cumplían con sus responsabilidades laborales de manera regular.
La situación más crítica se vive en la sede de Posadas, Misiones, donde se espera que apenas queden 40 de los 200 trabajadores que había hasta hace poco. Esta drástica reducción del personal plantea serias preocupaciones sobre el impacto económico y social en la región, especialmente en un contexto de incertidumbre laboral.
Las tensiones políticas se han intensificado con acusaciones sobre posibles influencias externas en las decisiones de despidos. Se menciona el nombre del director ejecutivo de la EBY, Alfonso Peña, y se especula sobre su supuesta relación con Humberto Schiavoni, exdirector de la entidad durante la presidencia de Mauricio Macri, como factor determinante en la identificación de los empleados a desvincular.
La falta de transparencia y comunicación por parte de las autoridades locales ha dejado a los trabajadores despedidos en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad. Esta situación ha llevado a algunos de ellos a considerar la posibilidad de presentar demandas colectivas en busca de respuestas y justicia laboral.
Estos despidos no son un caso aislado en el ámbito energético de la región, ya que en diciembre de 2023, 450 obreros fueron desvinculados de la represa Añá Cuá, generando preocupación sobre la estabilidad del empleo en un contexto de cambios políticos y económicos. La comunidad laboral y la sociedad en general reclaman respuestas claras y acciones concretas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados y evitar futuras situaciones similares.
