La insensibilidad de las decisiones empresariales ha golpeado nuevamente a Ituzaingó, sumiendo a la ciudad en una espiral de desesperación económica. Esta vez, 50 familias se ven arrojadas al abismo del desempleo, solo para engrosar las filas de los ya 450 trabajadores que fueron víctimas de la negligencia en la obra de Aña Cuá.
No hay justificación válida para este accionar despiadado. ¿Acaso los ejecutivos de la empresa constructora JCR se deleitan con el sufrimiento ajeno? ¿O es que simplemente carecen de la más mínima empatía hacia aquellos cuyas vidas destrozan con una firma?
Pero no podemos culpar únicamente a esta empresa voraz. El gobierno de Javier Milei, con sus políticas erráticas y cortoplacistas, ha contribuido al desmantelamiento progresivo de la economía local y nacional. La parálisis en la maquinización de Aña Cuá y ahora estos despidos son solo los últimos capítulos de una historia de desdén hacia el pueblo trabajador.
Mientras tanto, el proyecto del puerto de carga, una promesa vacía que parecía ser la tabla de salvación para Ituzaingó, yacía abandonado en un limbo de incertidumbre. ¿Qué pasó con la construcción que tantas esperanzas suscitó en su momento? ¿O fue solo un espejismo político para atraer votos durante la campaña electoral?
Las consecuencias de estas decisiones despiadadas reverberarán en cada rincón de nuestra comunidad. El flujo económico se estanca, los comercios se desvanecen y las familias luchan por sobrevivir en un mar de incertidumbre.
Ya es hora de que aquellos en el poder, tanto empresarios como políticos, asuman la responsabilidad de sus acciones. No podemos permitir que Ituzaingó se convierta en un símbolo de la indolencia y la negligencia. Exigimos respuestas, exigimos soluciones y, sobre todo, exigimos justicia para aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la avaricia y la incompetencia.
