El panorama para los inquilinos correntinos se torna aún más sombrío a medida que se acerca el mes de mayo.
Tras la derogación de la ley de alquileres de 2020, una nueva realidad golpeará sus puertas con un aumento récord en los costos de arrendamiento.
Según las proyecciones, los contratos sujetos a la actualización anual mediante el índice para contratos de locación (ICL) enfrentarán una suba del 221 %. Esto significa que familias que hasta el momento desembolsaban $100.000 mensuales, se verán obligadas a pagar aproximadamente $321.000 hasta abril de 2025. En tanto, aquellos que pagaban $200.000 mensuales, deberán ajustarse a un nuevo monto de $642.000, en el mismo periodo.
Este impacto financiero, sin precedentes, se suma a la ya compleja situación económica que enfrentan los comerciantes en la provincia. La crisis se profundiza con el incremento en los servicios básicos como luz y agua, sumado a los impuestos que gravan sus actividades. A pesar de las adversidades, el gobierno de Valdés no parece ofrecer soluciones concretas para aliviar la carga financiera que enfrentan los trabajadores y comerciantes locales.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, Marcelo López Ortiz, señala que, a pesar del aumento en el stock de alquileres disponibles, los precios continúan en alza. La oferta mejoró, pero la demanda sigue firme, exacerbando aún más la presión sobre los inquilinos.
La incertidumbre y la preocupación reinan entre los habitantes de Corrientes, quienes ven cómo sus gastos mensuales aumentan exponencialmente sin que se vislumbre una solución a corto plazo. En un contexto donde cada peso cuenta, el impacto de estas medidas se hace sentir en los bolsillos de quienes día a día luchan por sobrevivir en medio de una realidad económica cada vez más desafiante.
