El Gobierno anunció este martes que llegó a un acuerdo con los rectores de todas las universidades públicas nacionales para aumentar el presupuesto de gastos de funcionamiento. Al comienzo de su rueda de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni precisó que alcanzaron un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) “para recursos en términos de gastos de funcionamiento que son los necesarios”.
“Con este ajuste la idea es que finalmente terminemos con el desacuerdo en términos presupuestarios”, enfatizó el vocero, quien sostuvo que se acordó que el incremento en gastos de funcionamiento sea en torno al 270 por ciento. Adorni también precisó que “de no mediar ninguna complicación”, el aumento “se va a estar firmando a partir del día lunes”. “Esto era un reclamo de la CIN como de sectores políticos. Entendemos que es una muy buena noticia”, añadió el portavoz presidencial.
La polémica se había desencadenado a partir de la decisión del gobierno nacional de no actualizar el presupuesto dirigido a las universidades y mantener nominalmente los mismos montos que se ejecutaron en 2023. Con la inflación que se registró en el último año, desde las universidades remarcaban que el monto apenas llegaba a cubrir los gastos hasta mayo.
Ese había sido el motivo que derivó en la masiva marcha universitaria del pasado 24 de abril, que tuvo como principal bandera el reclamo por la defensa de la educación pública y que reunió casi medio millón de personas a nivel nacional según los organizadores.
La primera reacción de Javier Milei había sido salir a denunciar una marcha opositora. “Causas nobles. Motivos oscuros”, escribió en un tuit, al afirmar que “aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses”. “En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales”, dijo. Luego habilitó a Capital Humano para comenzar a negociar los números.
La primera en recibir una actualización del presupuesto fue la Universidad de Buenos Aires, que había logrado acordar una actualización del 270 por ciento ($26.016.488.265) para sus gastos de funcionamiento y 300% ($35.436.785.336) para el área de salud, que son sus seis hospitales universitarios.
Por esta decisión, desde la UBA levantaron la emergencia presupuestaria, que había llevado a que limiten el uso de electricidad y de otros recursos. Sin embargo, generó la bronca del resto de las universidades nacionales, que protestaban por el centralismo de cerrar solamente con una de ellas.
Incluso se reunieron en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y sacaron un muy duro documento en el que calificaron a la medida de “provocadora”. “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca la actualización del presupuesto solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, dice el texto firmado por el Comité Ejecutivo del CIN.
“Está muy bien que, con esta medida, el Gobierno haya reconocido que hay un atraso de 270% en gastos de funcionamiento. Pero esto pasa en todo el sistema universitario. No puede ser que una sola reciba todo y el resto cero”, le dijeron desde el CIN a Clarín en aquella ocasión.
La medida puso la lupa en Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, quien rápidamente salió a pedir que el acuerdo llegue a todas las instituciones. “Es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios, y que se sancione una ley de financiamiento universitario”, dijo.
