La crisis económica golpea con dureza a Corrientes, y esta vez son 50 choferes del Grupo Miramar quienes pagan el precio.
La empresa, liderada por el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, ha optado por suspender a estos trabajadores por 60 días sin salario, respaldándose en el decreto de emergencia en el sistema de transporte del gobernador Gustavo Valdés.
Esta situación ha provocado una ola de indignación entre los afectados y sus familias, quienes se manifestaron en el puerto de la ciudad para expresar su descontento. Aunque no participaron en el paro nacional de la CGT del 9 de mayo, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ha brindado su apoyo a los trabajadores afectados y planea tomar medidas más enérgicas en los próximos días.
La justificación de la empresa se basa en la eliminación de las compensaciones al sistema de transporte por parte del Estado Nacional, lo que ha impactado negativamente en la viabilidad económica del contrato de servicio. Sin embargo, esta excusa no hace más que subrayar la falta de protección para los trabajadores en momentos de crisis.
Es urgente que las autoridades provinciales y nacionales tomen medidas concretas para salvaguardar los empleos y los derechos de los trabajadores correntinos. La solidaridad y la acción colectiva son esenciales para enfrentar esta difícil situación y garantizar un futuro digno para todos los ciudadanos de Corrientes.
