En Corrientes, la situación laboral ha alcanzado un punto crítico con el despido de 26 choferes de colectivos urbanos, quienes llevaban dos meses suspendidos por la empresa Miramar. A pesar de sus años de servicio, entre 10 y 26, estos trabajadores ahora se encuentran sin empleo y con una indemnización que apenas alcanza el 50% de lo que les corresponde.
Durante el periodo de suspensión, los choferes solo percibieron el 60% de sus salarios. Tras los despidos, la situación se agravó al recibir únicamente la mitad de sus indemnizaciones, bajo el pretexto del sistema preventivo de crisis. La falta de apoyo por parte de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la secretaría de Trabajo de la provincia ha dejado a estos trabajadores desprotegidos, obligándolos a buscar asistencia legal particular.
La reciente subida del boleto a $990 en Corrientes ha reducido la demanda del transporte urbano en un 50%, exacerbada por el recorte de subsidios nacionales por parte del Gobierno del presidente Javier Milei. Esta combinación de factores no solo afecta a los trabajadores, sino que también coloca a más familias en una situación de inseguridad alimentaria.
Mientras las tarifas aumentan, más familias correntinas enfrentan la dura realidad de la falta de ingresos y la dificultad para llevar alimentos a sus mesas. La crisis en el sector del transporte público es solo un reflejo de los desafíos económicos más amplios que afectan a la provincia.
Además, el gobierno provincial parece estar priorizando el apoyo económico a empresas extranjeras, otorgándoles tierras y mejorando las rutas para sus operaciones. Este favoritismo contrasta con el trato que reciben empresas locales como Miramar, que llevan años generando empleo para los correntinos y ahora enfrentan una falta de respaldo en tiempos de crisis.
