La situación en Corrientes es cada vez más crítica: más de 50 obras de escuelas y centros de salud, rutas provinciales y nacionales, viviendas y otras infraestructuras esenciales están paralizadas en toda la provincia, tanto en la capital como en el interior. Estas son obras clave para el desarrollo de la educación, la salud y la seguridad de miles de correntinos, incluyendo a maestros, médicos, enfermeros, productores, empresarios y familias de todas las localidades.
Mientras las obras que los correntinos realmente necesitan siguen detenidas, el gobierno de Gustavo Valdés ha destinado más de 37 mil millones de pesos a la construcción de un lujoso centro administrativo en pleno centro de la capital. La obra fue adjudicada a la empresa Panedile Construcciones, dirigida por Hugo Alberto Dragonetti, empresario con antecedentes de corrupción en la “Causa Cuadernos”. Su historial cuestionable no impidió que, tras una licitación con solo dos competidores, se le asignara esta construcción. La pregunta para muchos es: ¿quién asegura que este edificio cumplirá las normas necesarias para evitar riesgos futuros a los empleados que trabajarán allí?
A la falta de fondos para infraestructura esencial se suma el recorte del presupuesto nacional. El presidente Javier Milei ha reducido en un 90% los envíos para obras a Corrientes, dejando sin recursos proyectos de gran impacto en la calidad de vida de los correntinos, como el segundo puente Chaco-Corrientes, la planta de tratamiento de efluentes cloacales en la capital y más de 310 intervenciones en los municipios. En su lugar, los fondos proyectados para 2025 se limitan a mínimos montos para obras puntuales, dejando en espera mejoras necesarias en salud, educación, transporte y seguridad.
La disyuntiva es clara: mientras miles de correntinos padecen la falta de obras que mejorarían su vida diaria, las inversiones del gobierno parecen estar priorizando lujos que no reflejan las verdaderas necesidades de la provincia.
