El gobierno de Corrientes enfrenta una deuda abrumadora con la Nación, que asciende a más de $48.000 millones, posicionándola entre las provincias más comprometidas financieramente. En este contexto, se oficializó el “Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas”, que tiene como objetivo resolver las deudas pendientes entre Nación y provincias. Este plan surge en medio de la discusión por el Presupuesto 2025, que proyecta apenas diez obras nacionales para Corrientes, dejando en evidencia la escasez de fondos para proyectos locales y la carga financiera que arrastra la provincia.
Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, advirtió que persisten incertidumbres sobre cómo se manejarán los pasivos provinciales con organismos internacionales, deudas que se pagan con retenciones de coparticipación. Además, alertó sobre las dificultades de incluir créditos tomados por empresas públicas provinciales, los cuales podrían aumentar significativamente los compromisos de Corrientes.
Ante la imposibilidad de afrontar el saldo con fondos propios, la provincia deberá utilizar sus recursos de coparticipación, afectando directamente su capacidad de inversión en servicios y obras necesarias. El gobernador Gustavo Valdés se encuentra ahora en una encrucijada para definir cómo equilibrar las finanzas de una provincia limitada de recursos y con una alta dependencia de la asistencia nacional.
