En un contexto de crisis salarial que afecta gravemente a los empleados públicos de Corrientes, el gobierno de Gustavo Valdés avanza en la ejecución de una obra multimillonaria e innecesaria en la sede de Vialidad Provincial, adjudicada a la desarrolladora Panedile, vinculada a escándalos de corrupción en obras públicas.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresó un enérgico repudio hacia esta decisión, calificándola como una muestra de desinterés por las necesidades reales de las y los trabajadores correntinos. El secretario general de ATE, Walter Zamudio, denunció que mientras el Gobierno asegura no contar con recursos para una recomposición salarial digna, aprobó una obra cuyo costo asciende a 37.000 millones de pesos, en un proyecto que consideran innecesario.
“Es inadmisible que, en una provincia donde los salarios son paupérrimos y la precarización laboral crece, el Gobierno invierta sumas exorbitantes en remodelaciones que podían esperar. Esto no es más que un negocio inmobiliario que beneficia a unos pocos”, sostuvo Zamudio.
Detalles del polémico proyecto
La obra, que implica el desmantelamiento de la sede central de Vialidad Provincial, fue adjudicada a Panedile, empresa liderada por Hugo Dragonetti, procesado por irregularidades en obras públicas. Además, el proyecto incluye el desarrollo de tres torres administrativas, cuya construcción estará a cargo de una firma que tiene vínculos con el hijo del actual presidente de Vialidad Provincial.
El predio, ubicado estratégicamente en la manzana delimitada por las avenidas 3 de Abril, Catamarca, San Lorenzo y Rivadavia, ya comenzó a ser intervenido la semana pasada. Según ATE, la demolición y destechado iniciales responden más a un interés inmobiliario que a una necesidad administrativa.
Se estima que la ejecución de las tres torres llevará dos años y que el Gobierno ya pagó un anticipo de 7.400 millones de pesos a la empresa adjudicataria. Esta nueva edificación será similar a otra construida previamente por Panedile en el barrio San Benito, también destinada a oficinas gubernamentales.
Críticas y reclamos
Desde ATE cuestionan la falta de transparencia en la licitación y ejecución de la obra. Además, señalaron que los fondos invertidos en este proyecto podrían haberse destinado a mejorar los paupérrimos salarios de los trabajadores estatales, gran parte de los cuales están por debajo de la línea de indigencia.
“En un momento en el que muchas familias no llegan a fin de mes, el Gobierno muestra claramente cuáles son sus prioridades: millonarios negocios inmobiliarios en lugar de atender las necesidades de los empleados públicos”, remarcaron desde el gremio.
El sindicato también solicitó explicaciones sobre el procedimiento de adjudicación y exigió que los recursos se redirijan a resolver los problemas salariales y laborales que afectan a miles de correntinos.
