En medio de una situación económica crítica y con el costo de vida en constante aumento, un grupo de jubilados y jubiladas de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes ha alzado la voz en busca de justicia salarial. Este grupo presentó un petitorio al Concejo Deliberante, respaldado por casi 200 firmas, solicitando que el haber jubilatorio se equipare al Salario Mínimo Vital y Móvil, una cifra que supera ampliamente los 170 mil pesos que actualmente perciben.
El reclamo, que refleja la desesperación de quienes trabajaron toda su vida y ahora se ven sumidos en la indigencia, no solo beneficiaría a los jubilados, sino también a los trabajadores activos del municipio. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, desde el 1º de julio, el salario mínimo se ubica en 254.231,91 pesos, lo que significa que los salarios de los trabajadores municipales activos deberían incrementarse en un 125% para cumplir con lo solicitado.
“Estamos muy por debajo de la línea de indigencia”, destaca el petitorio, subrayando que los salarios actuales de 165 mil pesos, tanto para los activos como para los jubilados, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. En contraste, la línea de indigencia se establece en 393.319 pesos, una cifra que deja en evidencia la grave situación en la que se encuentran estos trabajadores.
El proyecto de ordenanza propuesto insta a fijar un monto mínimo remunerativo que impacte en las jubilaciones y garantice que ningún jubilado municipal de Corrientes viva por debajo del umbral de dignidad que representa el Salario Mínimo Vital y Móvil. Además, exigen que dicho valor sea actualizado automáticamente, reflejando cualquier incremento del salario mínimo.
A pesar de la urgencia del reclamo y la evidente necesidad de una mejora, se teme que el oficialismo en el Concejo Deliberante utilice su mayoría para frenar el proyecto, desatendiendo una vez más a quienes más lo necesitan en estos tiempos difíciles. La falta de acción frente a esta problemática no solo genera indignación, sino que pone en riesgo la subsistencia de cientos de familias correntinas que ven sus derechos vulnerados día tras día.
