Semanas atrás quedó agendada una sesión especial de Cámara de Diputados de la Nación para el 23 de agosto. Además de que la convocatoria se realizará ya en una fecha posterior a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias nacionales del 13 de ese mes, el objetivo principal de ese debate solicitado por la oposición es modificar dos artículos de la Ley de Alquileres. Para ello, se deberá reunir un quorum de 129 legisladores. El Frente de Todos ya adelantó su negativa a concurrir en esa ocasión. Y los efectos de la incertidumbre respecto del destino de la normativa que regula las locaciones de vivienda en todo el territorio argentino se han trasladado, indefectiblemente, al mercado.
Es que de efectivizarse estos cambios en Diputados y con posterioridad en el Senado, el vigente Índice de Contratos de Locación (ICL) publicado mes a mes por el Banco Central pasaría a la historia, y muy probablemente se daría marcha atrás para dejar las cosas como antes: libre pacto entre propietarios e inquilinos y ajustes en períodos de meses. Por ello, en los últimos tiempos se ha puesto en pausa las renovaciones de contratos -algunas incluso ya acordadas- y se ha optado por establecer prórrogas a la espera de una definición.
LA SITUACIÓN LOCAL
Matías Sironi, corredor inmobiliario y responsable de una conocida firma del rubro del mercado local, en contacto con NORTE compartió su visión respecto de la coyuntura actual.
“Este mes la ley ha cumplido tres años de su puesta en vigencia, y como profesionales que intermediamos entre la oferta y la demanda, es decir entre el locatario y el propietario, podemos afirmar que ambas partes se sienten perjudicadas por igual. La ley no ha cumplido con los fines que perseguía. La sensación general es de incertidumbre, y se profundiza por las expectativas constantes de cambios normativos, lo que quita previsibilidad y afecta el clima de negocios. Está muy a la vista la dificultad de pactar precios y condiciones ante un incremento generalizado de los costos de todos los productos y servicios en nuestro país. En estas condiciones, un plazo de locación de tres años es muy extenso, y el ajuste anual del valor locativo se hace muy largo para una parte y abrupto para la otra”, indicó.
Respecto de las distorsiones más graves que ha producido la ley desde su entrada en vigencia, Sironi comentó que “si bien a nivel local no se presentan los profundos problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con el retiro generalizado de propiedades en oferta para vivienda, al no considerarse hoy la renta inmobiliaria como una inversión atractiva el stock se reduce, en un marco en que la demanda crece, impulsada en gran parte por el encarecimiento de los costos de la construcción. Nos preocupa que esta tendencia se agudice en el mediano plazo”.
EL PANORAMA NACIONAL
Por su parte, Emilio Caravaca Pazos, titular de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), señaló días atrás que “la realidad es que si hubiera una posible vía de solución planteada, según el diagnóstico compartido de los sectores, sería un alivio la noticia del tratamiento de la ley. Pero concretamente las posiciones legislativas en cuanto a la problemática son antagónicas, es por eso que no se puede tomar el anuncio como algo positivo, ya que se desconoce cuál será el resultado concreto de estas iniciativas”.
“El relevamiento de la FIRA arrojó que, en muchos casos gracias a negociaciones de profesionales inmobiliarios se lograron continuidades, el 51,6% realizaron prórrogas, el 46% realizó nuevos contratos, aunque preocupa que no se frene la tendencia de haber sumado un 2,4% que se retiró de la oferta de alquileres”, enumeró Caravaca Pazos.
La percepción unánime de las inmobiliarias es que se debe modificar urgentemente la ley con dos vistas: que se incentive la oferta y se estipule otro método de actualización.
LA PROPUESTA PARA ALIVIAR LA SITUACIÓN A CORTO PLAZO
“Desde nuestro sector hay consenso en que la previsibilidad es la condición indispensable para encaminar la situación habitacional de nuestro país. La Federación Inmobiliaria de la República Argentina, la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda han presentado un proyecto de modificación de la actual ley, centrado en los dos artículos que más tensiones generan en las relaciones locativas: el primero es la modificación del plazo mínimo de los contratos de vivienda, para volver de los tres años actuales a los dos del régimen anterior, ya que permitía una mejor negociación en cuanto a cláusulas de valor y de condiciones. Y la segunda modificación es la reducción del ajuste anual para que sea más cuotificado; por ejemplo, un ajuste cuatrimestral que alivie a una parte que tiene el precio de su alquiler congelado durante doce meses, y al locatario para que ese incremento no sea tan abrupto. Recordemos que en las actuales condiciones el incremento para agosto es del 109 por ciento, y el inquilino se entera 14 días antes”, explicó Sironi.
“Sin dudas la modificación de estos dos artículos sería un paliativo a corto plazo para aliviar las dificultades que se presentan actualmente, pero de ninguna manera la derogación o modificación de la ley de alquileres la vemos como suficiente para solucionar el problema habitacional de nuestro país. Se requiere un diagnóstico certero de la situación y una batería de medidas que incentiven el incremento de la oferta de viviendas en alquiler en toda la Argentina, y la vuelta al crédito hipotecario para que aquellos inquilinos que lo deseen puedan convertirse en propietarios y lograr mejores condiciones de mercado”, finalizó.
